En la Comunidad de Madrid, la normativa vigente para las rampas de acceso a los edificios la encontramos en la Ley 8/93, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y su Reglamento Técnico. En ella se definen las características que deben tener las rampas para favorecer la accesibilidad de los edificios, textualmente dice:
Posee el grado de itinerario peatonal adaptado, el volumen de desarrollo continuo formado por la longitud del itinerario y un área perpendicular al suelo de 120 cm de ancho y 210 cm de altura, en el que no existe ningún obstáculo que reduzca o altere su tamaño, desde el acceso a la edificación o desde un itinerario peatonal, hasta su encuentro con otro itinerario peatonal, con pendiente longitudinal no mayor al 12 por 100 y transversal inferior al 3 por 100, sin resaltes ni rehundidos mayores a 0,5 cm, ni peldaños aislados o escaleras …
Según la magnífica Guía técnica de accesibilidad en la edificación 2001 elaborada por la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento, las rampas pensadas para el acceso con silla de ruedas a los inmuebles debe tener una pendiente máxima del 10 por ciento.
Una rampa con una pendiente superior al 12% puede resolver dificultades, tales como la utilización con carritos de niños, carritos de compra, o maletas pero no la accesibilidad de personas con movilidad reducida, que quieran utilizarla autónomamente. Una plataforma salvaescaleras es la solución en el caso de que la pendiente de la rampa no pueda ser inferior al 12%. Esta plataforma no resuelve convenientemente el caso de carritos y maletas, pero si hay alguna persona con limitaciones de movilidad esta debe ser siempre la prioridad.
